La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó el pasado 19 de mayo de 2026 la sentencia núm. 487/2026 (ECLI:ES:TS:2026:2303), correspondiente al recurso de casación núm. 205/2025, interpuesto por JN GLOBAL CONSULTING S.L., empresa que opera bajo la marca Hawkers, frente a la sentencia núm. 379/2025, de 23 de abril, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en procedimiento de conflicto colectivo, promovido por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT-FICA). El litigio tiene por objeto determinar cuál es el Convenio Colectivo aplicable a las personas trabajadoras de la empresa en la Comunidad de Madrid.

En este supuesto, la empresa considera que el derecho a ausentarse del trabajo por motivos familiares urgentes relacionados con enfermedad o accidente de familiares o convivientes, que hagan indispensable la presencia inmediata, regulado en tal precepto, implica que para poder solicitar y disfrutar de este permiso de horas de ausencia hasta un máximo de cuatro días al año, es preciso que la persona trabajadora esté físicamente en su puesto de trabajo, previo fichaje al comienzo de la jornada, solicitarlo dentro de la jornada y del centro de trabajo, y después fichar de salida y ya poder disfrutarlo, ello con fundamento en que se trataría de una situación sobrevenida.

La Sentencia que os comento hoy me ha parecido realmente muy interesante porque íntegra un debate práctico muy atrayente en la práctica. Se trata de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 848/2026, de 11 de junio, declara la vulneración de derechos fundamentales por la negativa empresarial a conceder a una trabajadora el permiso retribuido del artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores para cuidar a su bebé lactante de 15 meses, pese a existir acreditación médica de la necesidad de cuidados. La resolución integra la perspectiva de género, apreciando indicios de discriminación por razón de sexo y por asociación respecto del bebé.

Como sabemos, las empresas, para combatir el absentismo laboral, pueden implementar distintas medidas. Una de esas medidas es el establecimiento de un plus o complemento salarial contra el absentismo laboral, que recibe distintas denominaciones en función del Convenio Colectivo que lo establece, tales como "plus por asistencia y puntualidad", "prima de asistencia", "incentivo de mejora"... Es un plus que remunera la particular diligencia del trabajador en el cumplimiento de la obligación más primaria del contrato: la asistencia continuada sin interrupción y/o con puntualidad al puesto de trabajo.

Desde que se aprobó el registro obligatorio de la jornada de trabajo en el año 2019 se han suscitado diversas problemáticas respecto a dicha obligación, tales como la forma de realizar el registro de la jornada de los trabajadores, según los tribunales, qué ocurre si no registra la jornada de trabajadores a tiempo parcial, el registro de jornada en el teletrabajo e incluso cómo actuar ante los incumplimientos del registro por parte de un empleado.

En estos días hemos conocido una decisión del Tribunal Supremo que constituye un auténtico "estruendo" y que, de confirmarse como jurisprudencia, supondrá una auténtica revolución en cuanto a la forma de actuar de la Inspección de Trabajo. Me refiero a la Sentencia 441/2026, del 14 de Abril, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que, en síntesis, establece que la Inspección de Trabajo no puede entrar en el domicilio social de una empresa sin autorización judicial.

El Tribunal Supremo da solución a una de las dudas más importantes en materia de pensiones de los últimos años: ¿sobre qué importe debe calcularse el complemento de maternidad cuando el pensionista se encuentra en situación de jubilación activa y, por tanto, no percibe la totalidad de la pensión? La cuestión no era baladí, ya que de su interpretación dependía directamente la cuantía del complemento a percibir en muchos casos, y había dado lugar a criterios dispares tanto en la Administración como en los tribunales.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó, el pasado 9 de diciembre de 2025, Sentencia nº 1209/2025, en la que resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina y determina que únicamente la indemnización legalmente prevista para el despido colectivo queda excluida del cómputo de rentas, debiendo computarse como renta el exceso pactado sobre la referida indemnización a efectos del reconocimiento del subsidio por desempleo.