El convenio colectivo de eficacia general puede ser impugnado judicialmente de dos maneras: de oficio, por la autoridad laboral, o directamente por los sujetos legitimados. Mediante este procedimiento solo cabe solicitar una declaración de ilegalidad (total, parcial) o de lesividad, pero no que se asuma o descarte una determinada interpretación. Por lo tanto, si al examinar el convenio se concluye que puede ajustarse al resto de las leyes, la sentencia no debe ni declararlo ilegal ni restringir de futuro su interpretación. Simplemente, se debe desestimar la demanda.

Las vacaciones anuales tienen como finalidad garantizar una mejor protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, procurándoles un tiempo de descanso más prolongado que el diario y semanal, de tal manera que les permita recuperarse de la fatiga producida por el ejercicio de la actividad laboral durante el año, y contribuya a protegerles contra los efectos nocivos del descanso insuficiente, y para que tras su disfrute puedan trabajar en mejores condiciones físicas y psicológicas y, por consiguiente, con menores riesgos.

La posibilidad de que la persona trabajadora deje de prestar servicios una vez planteada la demanda ha ido cambiando a lo largo de los años en nuestra jurisprudencia. Sin entrar en mayores pormenores sobre escenarios previos, en la actualidad, la persona trabajadora no está obligada a permanecer en la empresa después de interponer la demanda extintiva.

Aunque como es sabido, ha sido vocación del legislador la protección igualitaria de los permisos de paternidad y maternidad, lo cierto es que se viene detectando una falta de previsión en la protección del despido para ambos progenitores.

Esta modalidad procesal se aplica en aquellos casos en los que el empleador ha ejercido su poder sancionador (sin llegar al despido), en relación a la previsión del artículo 58 ET. Es ésta última una norma sustantiva de contenido limitado, en tanto que en dicho artículo sólo se contienen las siguientes referencias generales:

DEFINICION DEL PROCESO MONITORIO LABORAL

El proceso monitorio consiste en la “rápida creación de un título puro de ejecución, por medio de la inversión del contradictorio, en el sentido de que éste puede o no existir según medie o no oposición del demandado”. Ese título ejecutivo se constituye judicialmente por la mera afirmación de quien es defraudado en un derecho, cuya existencia se acredita o no documentalmente, frente a alguien al que se ha dado oportunidad de razonar, y en su caso, justificar el incumplimiento de su correlativa obligación.

La existencia de las distintas modalidades procesales comporta el evidente problema procesal de qué ocurre cuando la demanda se formula a través de un proceso que no el adecuado. Tradicionalmente la lógica general de la jurisdicción social –como también en buena parte de la civil, -aunque con las singularidades de los artículos 422 y 423 LEC- conllevaba que si la modalidad procesal de la demanda era errónea el juez o tribunal desestimase de oficio la acción, sin entrar en el fondo, aplicando la excepción de inadecuación de procedimiento (o, en su caso, por incumplimiento del requisito preprocesal legal a efectos de evitación del pleito).

De acuerdo con un criterio doctrina consolidado el procedimiento a seguir en el proceso no puede ser elegido por las partes conforme su albedrío, sino que se trata de una regulación legal que puede ser apreciada de oficio por parte del juez.

La jurisdicción social tiene como eje vertebrador el denominado proceso ordinario, por tanto la regulación observada en la LRJS hasta su artículo 100. Dicho proceso ordinario está sin embargo diseñado para la composición de las divergencias contractuales individuales surgida entre trabajador y empresario. Y es obvio, si se observa el elenco de conflictos que diseñan las fronteras de la jurisdicción social en el artículo 2 LRJS, que dicho tipo de reclamaciones son sólo una parte –pequeña– del ámbito material de este orden jurisdiccional.

De esta forma el proceso ordinario resulta el marco regulador de lo que podría denominarse como el conflicto «típico» (esencialmente, reclamaciones de reconocimiento de derecho y/o cantidad). Sin embargo, existen otros muchos tipos de conflictos sometidos a la jurisdicción social que no tienen un encaje lógico, por sus propias características, dentro de las normas generales del proceso ordinario.