En la entrada de hoy procedo con el análisis del nuevo Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. La norma reemplaza al Real Decreto 1659/1998 y refuerza el deber de las empresas de informar a las personas trabajadoras sobre los elementos esenciales de su contrato y las principales condiciones aplicables a la prestación laboral. A continuación, se resumen sus principales novedades y los aspectos más relevantes que deberán tenerse en cuenta.

El TRADE es ante todo un trabajador autónomo, lo que implica que le venga aplicado el estatuto profesional del trabajo autónomo, así pues, le serán aplicables los derechos y deberes profesionales previstos en el Capítulo II del título II de la LETA. Para poder definir el concepto legal de TRADE, debemos acudir a la regulación específica del ámbito subjetivo de esta figura, la cual se encuentra contenida en el Capítulo III del Título II de la LETA.

Hace ya bastantes años que el legislador inició el camino de equiparación de derechos de las personas que prestan servicio en el hogar familiar con el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Así pues, desde el 1 de enero de 2012, se elimina el anterior Régimen Especial de los Empleados de Hogar, integrándose como Sistema Especial en el Régimen General de la Seguridad Social (Ley 27/2011) con el fin de mejorar la cobertura económica que estos trabajadores perciben ante situaciones de necesidad. También en la misma fecha entró en vigor la reforma de la Relación Laboral Especial del Servicio del Hogar Familiar que mejoraba ciertos derechos laborales de este colectivo, como su retribución o sus periodos de descanso (RD 1620/2011).

Como sabemos, el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores regula actualmente seis derechos básicos relativos a la formación de la persona trabajadora en el seno de la relación laboral, de diversa índole y finalidad: el derecho a un permiso para concurrir a exámenes, el derecho a la elección de turno o acceder al trabajo a distancia por cursar título académico o de formación profesional, el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo por la misma razón, el derecho a la obtención de permisos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva de puesto de trabajo, el derecho a la formación necesaria para la adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo y el permiso individual de formación para el empleo vinculado a la actividad de la empresa.

D) Actividad desarrollada de forma habitual, personal y directa

La prestación de servicios del trabajador autónomo es una actividad que se ha de desarrollar de forma personal y directa, bien de forma manual, intelectual o a través de la gestión empresarial pues no se requiere que el autónomo la desempeñe de forma física, directa, aunque sí se le exige una participación en el negocio. De esta forma, aunque en la mayoría de los supuestos los autónomos llevan a cabo su actividad de forma inmediata, nada impide que también aquélla pueda ser realizada por colaboradores.

En lo referente al requisito de la habitualidad, como elemento definidor de la actividad del trabajador autónomo, estamos ante un concepto jurídico indeterminado sin que las normas positivas se detengan a determinar el “quantum” necesario, el criterio mesurador a partir del cual podemos considerar que la actividad del trabajador autónomo no reviste un carácter ocasional o esporádico, siendo realizada habitualmente.

El artículo 1 de la LETA procede a definir de forma directa, por vía positiva y por primera vez en nuestro Derecho, un concepto de trabajador autónomo en cuya delimitación se ayuda de una serie de elementos a través de los cuales, podemos individualizar la prestación autónoma, de forma que quede lo suficientemente concretada frente a otros modos de realización de una prestación de bienes y servicios.

La introducción de este concepto, consecuencia de la importancia que este régimen de trabajo tiene reconocido en la economía de un país, es resaltada por la propia LETA en su Exposición de motivos, ya que estamos ante el primer texto normativo que contiene una regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo, siendo una novedad no sólo en nuestro ordenamiento jurídico sino también en el ámbito de la Unión Europea.

El autónomo representa en estos momentos una de las formas más frecuentes de emprendimiento y autoempleo. De ahí su trascendencia. Pero el mayúsculo número de profesiones y actividades diversas que puede abarcar esta figura dificulta que podamos alcanzar un concepto unitario y preciso de autónomo.

También coadyuva a esa dificultad el hecho de que los sujetos que con la denominación de autónomos se engloban legalmente en el régimen especial de afiliación a la Seguridad Social tienen muy poco en común. Así, junto a empresarios individuales, profesionales, artesanos, artistas, escritores, traductores, profesionales de la tauromaquia, de la enseñanza, la investigación o la prestación de servicios personales y freelancers en general, se incluyen administradores de sociedades capitalistas, socios industriales de sociedades personalistas, familiares de autónomos, etc., etc. Sin embargo, a pesar de esta amplitud de concepto, legalmente quedan al margen del régimen especial de afiliación de autónomos a la Seguridad Social los agricultores, que, aunque también son profesionales autónomos, por cuestiones históricas, políticas y económicas tienen un régimen de afiliación específico.

La última reforma del Código Penal llevada a cabo a través de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, ha incorporado, entre otras modificaciones, un nuevo tipo penal en materia laboral, que analizo a continuación.

Lo que hace la reforma es añadir al texto del art. 311 CP, un nuevo numeral segundo. Se trata de la segunda modificación del articulado de 1995, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre (referida a quienes contratasen sin permiso de trabajo o sin dar de alta en la Seguridad Social a un determinado número de trabajadores dependiendo del tamaño de la empresa).