No obsta con carácter general a la inclusión de los trabajadores en el Régimen General que estos tengan, a la vez, la condición de socios de la sociedad capitalista que las emplea. Es posible incluso, conforme al art. 136.2.b) LGSS, que sean “miembros de su órgano de administración” siempre que en función de esta condición no desarrollen “funciones de dirección y gerencia de la sociedad” ni posean el control de la sociedad en los términos descritos por el art. 305.2.b) LGSS.

La Ley General de la Seguridad Social regula fundamentalmente el Régimen General, y a él se dedica el Título II (arts. 136 y ss). En este sentido, ha de tenerse en cuenta que las reglas que se aplican en el Régimen General sirven de modelo para los demás regímenes del sistema de seguridad social.

El sistema de seguridad social es único para toda la población comprendida en su campo de aplicación. Pero el sistema se distribuye, a efectos de funcionamiento, en Regímenes (art. 9 LGSS). Existe, de un lado, el Régimen General, el de mayor extensión subjetiva y mayor envergadura económica, y los Regímenes Especiales (art. 10 LGSS), entre los que cabe citar, como uno de los ejemplos más señalados, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El nivel no contributivo de la Seguridad Social se dirige a aquellas personas carentes de recursos económicos suficientes, que no hayan cotizado el tiempo suficiente para causar derecho a las prestaciones del nivel contributivo.

El art. 7.1 LGSS dispone que están comprendidos en la modalidad contributiva de protección quienes se ajusten a estos tres criterios básicos: profesionalidad, territorialidad y nacionalidad. Salvo excepciones tasadas, todos los sujetos que reúnan esas condiciones están obligados a formar parte del sistema de Seguridad Social. Es un derecho (a formar parte de la seguridad social) y una obligación (en ese mismo sentido), que afectará tanto a quienes trabajan como, en su caso, a los empleadores en relación con los trabajadores asalariados a su servicio.