Breve análisis de la nueva regulación de la prestación CUME por el Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre
La presente entrada hace un primer análisis de urgencia del recién aprobado Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre, de desarrollo del régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (en adelante, «CUME») en el sistema de la Seguridad Social, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de noviembre de 2026. La norma entrará en vigor a los dos meses de su publicación, el 5 de enero de 2027. El nuevo reglamento deroga en su integridad el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, y la Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, sustituyéndose ambos por un único texto.
La CUME viene concurriendo desde 2011 y está regulada por los artículos 190 a 192 de la Ley General de la Seguridad Social. Es una prestación que compensa el salario que deja de percibir aquellas personas que reducen su jornada laboral al menos a la mitad, conforme al artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, para cuidar de forma directa, continua y permanente a la persona menor a su cargo afectada por una enfermedad, patología o condición grave.
Su desarrollo reglamentario se originó con el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, que incorporó un anexo con el listado de enfermedades graves. Desde entonces, la configuración legal y reglamentaria ha experimentado sucesivas ampliaciones:
- La Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, amplió el listado de enfermedades graves y aprobó el modelo de declaración médica.
- La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, y el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, extendieron la cobertura más allá de la mayoría de edad en determinados supuestos (hasta los 23 años, y hasta los 26 con una discapacidad igual o superior al 65 %) y la adaptaron a nuevas realidades familiares.
- El Real Decreto 677/2023, de 18 de julio, adaptó el Real Decreto 1148/2011 a esas reformas legales.
- El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, modificó de nuevo los artículos 190 a 192 LGSS y el artículo 37.6 ET. Entre otras novedades, recogió el reconocimiento del derecho en situaciones asimiladas al ingreso hospitalario, la prolongación excepcional más allá de los 26 años y la percepción por ambas personas cuidadoras de forma alternativa o simultánea.
Simplemente comentar que el anterior Real Decreto 1148/2011 obstaculizaba el acceso a esta prestación por diversas razones:
- Exigía un ingreso hospitalario de larga duración.
- Concedía la prestación por periodos muy cortos (1, 2 y 4 meses).
- Solo permitía cobrarla a uno de los progenitores. Excluía a quienes tenían contratos a tiempo parcial del 25 % de la jornada o menos.
Es importante destacar para finalizar esta introducción que está pendiente a día de hoy la convalidación del Real Decreto-ley 31/2026 y buena parte del nuevo reglamento desarrolla ese real decreto-ley, debiendo el texto ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso. Si el real decreto-ley no fuese convalidado, su derogación tendría efectos ex nunc (el decreto dejaría de aplicarse a partir del momento que la Diputación Permanente no lo convalidase, pero los actos dictados, los derechos adquiridos y las situaciones consolidadas durante esos días de vigencia provisional serían plenamente válidos y no quedarían sin efecto), además, los artículos 190 a 192 LGSS recuperarían, en principio, su redacción anterior.
Entrando ya en el contenido de esta nueva norma, el real decreto consta de diecinueve artículos distribuidos en siete capítulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, cuatro finales y dos anexos, el primero con el listado de enfermedades graves (anexo I) y el segundo con el modelo de declaración médica (anexo II).
Ámbito de aplicación y situación protegida (arts. 1 a 3)
Como indicaba al inicio, este real decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 a 192 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho reglamento se aplica a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, pero no al personal funcionario que se rigen por el Artículo 49.e) del TREBEP.
El Artículo 3 del reglamento regula el concepto de situación protegida, esta es la reducción de jornada del artículo 37.6, párrafo tercero del ET para el cuidado de la persona menor afectada por cáncer u otra enfermedad grave, siempre que ambas personas progenitoras trabajen o que se trate de una familia monoparental. La enfermedad debe implicar un ingreso hospitalario o una situación asimilada conforme al artículo 4 de la norma. Resulta interesante incluir que la curatela, siempre que la resolución judicial atribuya al curador facultades de representación plenas y generales, incluidas las funciones de atención y cuidado (art. 3.2) también se considera situación protegida.
Se prevé además el nuevo reconocimiento en caso de recaída. El apartado tercero del precepto indica que: “cuando se produzca una recaída del cáncer o de la misma enfermedad grave que hubiera motivado el reconocimiento anterior de la prestación, podrá reconocerse nuevamente el derecho a la prestación siempre que se aporte una nueva declaración médica acreditativa de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente”, y la protección de los ceses parciales de actividad de las personas trabajadoras autónomas (art. 3.4).
Situaciones asimiladas al ingreso hospitalario (art. 4)
Este es uno de los preceptos más relevantes de la norma. Ahora se asimilan al ingreso hospitalario, siempre que requieran cuidado directo, continuo y permanente: a) la hospitalización a domicilio; b) los tratamientos ambulatorios o continuados; c) los cuidados domiciliarios derivados de terapias especializadas y complejas; y d) los cuidados domiciliarios complejos que, por prescripción facultativa, precisen ser directos, continuos y permanentes y no encajen en las situaciones anteriores (art. 4.1).
Esta asimilación exige dos condiciones, que deben constar en la declaración médica del anexo II (art. 4.2):
- que la situación se acredite mediante declaración médica emitida conforme al artículo 6, haciendo constar expresamente el carácter no hospitalario del tratamiento o de los cuidados; y
- que la ausencia de ingreso no responda a una menor intensidad de los cuidados, sino a criterios clínicos, terapéuticos u organizativos del sistema sanitario.
Otro punto de interés es que el artículo 4.3 declara compatible la escolarización con la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente cuando, según el informe facultativo del servicio público de salud, persistan “tratamientos, controles, episodios de crisis, necesidades de vigilancia, administración de medicación, desplazamientos frecuentes a centros sanitarios o cualquier otra circunstancia clínica que exija la disponibilidad efectiva de la persona beneficiaria”. En cambio, la asimilación no es compatible con que la persona causante realice actividades que den lugar a su alta en la Seguridad Social, salvo las prácticas formativas.
Enfermedades graves: (art. 5 y anexo I)
A efectos del reconocimiento de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, tendrán la consideración de enfermedades graves las incluidas en el listado que figura en el anexo I.
Acreditación médica (art. 6 y anexo II)
La enfermedad y la necesidad de cuidado se acreditan mediante declaración del facultativo de atención primaria o especializada del servicio público de salud responsable de la atención de la persona causante, de forma indistinta. Esa declaración se exige también cuando el diagnóstico y el tratamiento se hayan realizado en servicios privados (art. 6.1), aunque en esos casos, la solicitud debe acompañarse además de la declaración del facultativo privado (art. 19.2.b).
Personas beneficiarias y concurrencia (arts. 7 a 9)
Son beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena o propia que reduzcan su jornada al menos un 50 %, estén afiliadas y en alta y acrediten el periodo de cotización exigido (art. 7.1). El requisito de alta de la otra persona progenitora se entiende cumplido si percibe una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o si tiene suscrito un convenio especial por trabajar en un país sin instrumento internacional de Seguridad Social (art. 7.2). Se mantiene la posibilidad de reconocerla al cónyuge o pareja de hecho de la persona causante (art. 7.3) y se regula expresamente el acceso de las familias monoparentales (art. 7.4).
El derecho puede reconocerse a una de las personas progenitoras o a ambas, de forma alternativa o simultánea (art. 8.1). En los supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, así como de violencia de género, se reconoce a quien conviva con la persona causante, aunque la otra no trabaje. La alternancia se permite por periodos no inferiores a quince días; en caso de convivencia compartida y sigue el régimen de convivencia establecido (art. 8.3). Si hay varias personas causantes en la unidad familiar, puede reconocerse a ambas personas progenitoras respecto de personas distintas (art. 8.4).
Además, las personas trabajadoras a tiempo parcial con jornada igual o inferior al 25 % ya no quedan excluidas y ahora pueden acceder siempre que reduzcan su jornada al menos un 50 %. El reglamento también regula la pluriactividad y el pluriempleo (art. 9.1) y la exigencia de estar al corriente en el pago de cuotas para quienes sean responsables de su ingreso (art. 9.3).
Periodos de cotización y cuantía (arts. 10 y 11)
No se exige periodo mínimo de cotización a menores de 21 años. Entre los 21 y los 26 años se exigen 90 días en los siete años anteriores o 180 en toda la vida laboral; a partir de los 26, 180 días en los siete años anteriores o 360 en toda la vida laboral (art. 10).
El subsidio equivale al 100 % de la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias profesionales (o comunes, si no se optó por aquellas), aplicando el porcentaje de reducción de jornada, y se devenga por días (art. 11.2).
Nacimiento, prórrogas y duración (arts. 12 y 13)
El derecho nace el día en que comienza la reducción de jornada, si se solicita en los tres meses siguientes; en otro caso, la retroactividad máxima es de tres meses (art. 12.1).
La prestación se reconocerá por un periodo inicial de cuatro meses, prorrogable una primera vez por un periodo de seis meses y, sucesivamente, por periodos de ocho meses, cuando subsista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente de la persona causante.
La prórroga puede solicitarse en los tres meses anteriores al fin del periodo reconocido.
Además, una vez transcurridos los primeros veinticuatro meses desde el reconocimiento inicial de la prestación, y a partir de ese momento cada dos años, la solicitud de prórroga deberá acompañarse de un informe vinculante emitido por la Inspección Médica del Servicio Público de Salud correspondiente en el que se acredite la subsistencia del padecimiento de cáncer o enfermedad grave y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente de la persona causante. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo máximo de treinta días desde su solicitud por la persona interesada (art. 12.3). Si la necesidad de cuidado es inferior, se reconoce el periodo que conste en la declaración (art. 12.4).
En cuanto a la edad (art. 13), la prestación se mantiene hasta los 23 años si persiste la enfermedad diagnosticada antes de la mayoría de edad, y puede reconocerse después de los 18 años en esos casos. Se mantiene hasta los 26 años si antes de cumplir los 23 se acredita una discapacidad igual o superior al 65 %. Y, excepcionalmente, más allá de los 26 años, si la persona causante acredita una discapacidad igual o superior al 65 % o un grado III de dependencia, persiste la convivencia y siguen acreditándose las necesidades de cuidado.
La convivencia no se interrumpe por estancias temporales de respiro o de corta duración en recursos residenciales o viviendas de apoyo, siempre que se mantenga el ejercicio efectivo y continuado del cuidado.
Suspensión y extinción (arts. 14 y 15)
La prestación se suspende, entre otros supuestos, durante la incapacidad temporal o el permiso por nacimiento de la persona beneficiaria, aunque en esos supuestos puede reconocerse a la otra persona progenitora (art. 14). Entre las causas de extinción destacan la reincorporación plena al trabajo, el cese de la necesidad de cuidado, la inclusión de la persona causante en el sistema de la Seguridad Social por realizar una actividad, salvo prácticas formativas, y el cese en la actividad laboral de cualquiera de las personas progenitoras, salvo en supuestos de separación o violencia de género (art. 15).
Supervisión de los requisitos: el informe de la Inspección Médica (arts. 12.3, 16 y 17)
Transcurridos los primeros 24 meses desde el reconocimiento inicial, y después cada dos años, la solicitud de prórroga debe acompañarse de un informe vinculante de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud que acredite la persistencia de la enfermedad y de la necesidad de cuidado (art. 12.3). El informe lo solicita la persona interesada y debe emitirse en el plazo máximo de 30 días, si no se emite en plazo, la prestación se considera prorrogada y su abono continúa de forma provisional. Si la Inspección no emite el informe durante los ocho meses de prórroga provisional, la prestación se extingue al agotarse, salvo que se haya solicitado una nueva prórroga con la declaración facultativa ordinaria. Si el informe es desfavorable, se abre un expediente con audiencia de diez días y la Inspección puede revisar su criterio. La resolución se dicta en 30 días y admite reclamación previa (art. 17). Los demás requisitos pueden comprobarse en cualquier momento (art. 16).
Otros puntos de interés
La prestación la gestiona la mutua o entidad gestora que cubre las contingencias profesionales, esta debe resolver en 30 días y, si no lo hace, la solicitud se entiende denegada (arts. 18 y 19). Las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social serán recurribles en la forma prevista en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.
En cuanto al régimen transitorio, la fecha del diagnóstico no impide por sí sola acceder a la prestación. A las prestaciones en curso se les aplica la nueva norma cuando es más favorable.
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Ángel Ureña Martín 
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