He de comenzar diciendo que, tal y como ha dicho el propio Tribunal Constitucional, que el reconocimiento constitucional del derecho a la negociación colectiva no va a implicar en ningún modo que los convenios colectivos no se encuentren sometidos al principio de jerarquía normativa. Es decir, jerárquicamente, la ley prima sobre el convenio colectivo, el cual ha de respetar las normas legales de derecho necesario absoluto y relativo. Incluso yendo más allá, la ley puede, excepcionalmente, reservarse para sí determinadas materias, que quedan excluidas de la contratación colectiva. Finalmente, la ley puede autorizar a la negociación colectiva a que regule una materia que antes estaba excluida de su atención. En nuestra legislación laboral no tenemos indicios de la existencia de relaciones de jerarquía entre los diferentes convenios colectivos. No obstante, tenemos que distinguir entre las relaciones jerárquicas entre convenios estatutarios y entre éstos y los extraestatutarios. 

Primeramente decir que el artículo 1.3.d) del Estatuto de los Trabajadores excluye de su ámbito de aplicación los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad. 

Esta exclusión viene justificada, de un lado, porque el trabajador no tiene un vínculo obligatorio con el empresario y no tiene un deber de obedecerle, no dándose el requisito laboral de dependencia; y, por otro lado, que se trata de un servicio sin retribución, cercano a la donación. Es decir, no existe propiamente una relación laboral dado que no concurre un acuerdo para intercambiar trabajo por retribución, sino un nexo fundado en un título genuinamente gratuito. 

Dicho incumplimiento empresarial, dado que se refiere a uno de los derechos del trabajador reconocido en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores (el derecho a la ocupación efectiva), siempre es un incumplimiento grave, aunque dicha culpabilidad pueda admitir alguna graduación. 

Por ejemplo, se entiende que existe incumplimiento del deber de ocupación efectiva en supuestos en los que, después de las vacaciones del trabajador, el empresario concede al mismo un permiso retribuido que el trabajador no ha solicitado. O en el caso que sentenció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 2 de septiembre de 2002, cuando el empresario relega al trabajador a una oficina no abierta al público, sin logotipo de la empresa y sin conexión con la red informática de la empresa.

Según el artículo 5.c del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. El fundamento de este poder de dirección es que dado que el trabajo se presta dentro del ámbito de organización y dirección del empresario (artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores), éste tiene legalmente atribuida la facultad de impartir órdenes e instrucciones al trabajador, y éste debe obedecerlas. 

De este modo, el artículo 5.c consiga como deber básico del trabajador cumplir las instrucciones y órdenes del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas; el artículo 20 lo dedica a la regulación de la dirección y el control de la actividad laboral; y el artículo 54.2.b, considera incumplimiento contractual que justifica el despido del trabajador la indisciplina o desobediencia en el trabajo.