Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante, en tanto que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a) para acceder al derecho a la pensión de jubilación (artículo 200.2 LGSS).
Nos preguntamos si un trabajador pide su baja voluntaria y durante el período de preaviso se retracta y manifiesta su voluntad de continuar trabajando y aun así el empresario la despide, ¿este despido es procedente o improcedente?, Para ello nos vamos a basar en una reciente sentencia del Juzgado de lo Social de Toledo de 22 de enero de 2018, el cual analiza este supuesto concreto. La sentencia es muy sencilla de entender. En el caso de la sentencia se trata de una trabajadora que comunica su voluntad de dimitir de su puesto de trabajo y que durante el plazo de quince días de preaviso desde dicha comunicación hasta la extinción, manifiesta de forma fehaciente su retractación.
Estudiamos ejemplos de permisos -ya sea retribuidos o no- regulan los convenios colectivos fuera de la regulación legal del Estatuto de los Trabajadores. Es interesante conocerlos porque los supuestos son muy variados y son derechos que tenemos a nuestra disposición como trabajadores y que en numerosas ocasiones no hacemos uso de los mismos por mero desconocimiento.
Para dar respuesta a esta cuestión, tenemos que partir de la regulación sobre gestión y control de los procesos de incapacidad temporal en los primeros 365 días de duración, que se encuentra recogida en la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, norma que desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. Si observamos atentamente dicha norma, no se mencionan por ningún lado los llamados “partes de reposo”, sino que solamente vienen regulados la forma y efectos de los partes de baja y alta.
A la Inspección de Trabajo le corresponden tres funciones: la fiscalizadora, informadora (ofrecimiento de asistencia técnica) y la integradora (de conflictos colectivos laborales). Desde sus propios orígenes ha tenido la obligación de informar a empresarios y trabajadores sobre el correcto cumplimiento de las normas jurídicas laborales y de Seguridad Social, al margen de las posibles actas que pueda formalizar ante ciertas irregularidades detectadas. En definitiva, es algo consustancial al desarrollo de las comprobaciones inspectoras la prestación de asesoramiento que debe dar a empresarios y trabajadores.
Página 8 de 11
Si me invitas a un café, me ayudas mucho a seguir mejorando la web. Muchísimas gracias
